Antonio Sánchez García
Ante este Apocalipsis el país está obligado a reconstruir el tejido moral, jurídico, económico, cultural y social que nos identifica como nación y a poner en pie un Estado democrático y social de derecho. Lo suficientemente fuerte y poderoso como para poner en cintura la subversión que el fin del chavismo dejará en herencia y como para ejercer justicia contra la incontable lista de estupros cometidos contra la cosa pública. Un estado moderno, descentralizado, ágil, cívico y civilista, dotado de una legislación que castigue severamente la sedición, la traición y la entrega de la soberanía e impida toda posibilidad de amnistía y perdón a las violaciones contra las normas orgánicas de la Constitución y haga del saqueo y la apropiación indebida de fondos públicos una pena aún más grave que el asesinato.
Un estado cuyo poder civil sea respetado y acatado de manera indiscutible por las instituciones armadas, purgados sus altos mandos de la corrupción y del entreguismo de que han hecho gala durante estos once años, estrictamente al servicio de la paz interna y la defensa de nuestra soberanía, fiel y obediente a la Constitución y profesional en el más alto y estricto sentido del término. Una institución armada en la que la menor deliberación acarree el inmediato castigo, la expulsión y la deshonra. Venezuela no debe estar nunca jamás en manos de militares alzados, violentos, entreguistas, irresponsables y ladrones. Como los que han saqueado y destruido a la república en estos once años de desgobierno.
Un Estado con estricta independencia y autonomía de los poderes, con un parlamento bicameral que se constituya en el más alto foro político y legislativo de la Nación. Constituido por diputados y senadores dignos del alto cargo que ocupen, honestos, cultos y con alto sentido de la ética y la soberanía nacional. No como los fantoches que han puesto la legislatura al servicio de los caprichos de un teniente coronel.
Con un sistema judicial expurgado de sus mafias, vicios, taras e imposturas, estrictamente profesional y libre de toda incidencia de otros factores que no sean los de la propia carrera judicial. En donde los miembros de su Corte Suprema sean juristas, constitucionalistas y penalistas de impoluta actuación e impecable carrera académica y administrativa. No como los (las) esperpentos (as) que hoy se arrodillan ante el caudillo y pervierten el sentido mismo de la justicia. Y cuyas desviaciones y corruptelas deberán asimismo ser severamente penalizadas.
PDVSA, como factor clave de nuestro desarrollo, debe volver a ser el ejemplo de meritocracia y eficiencia empresarial, como lo fuera para orgullo de la Nación en el pasado. Sus actuales usurpadores deben pagar con las penas que correspondan al saqueo que han prohijado. Y a ella deben reincorporarse quienes fueran despedidos en las condiciones más injustas y ominosas.
Son apenas una parte de las ingentes y extremadamente graves tareas que deberá cumplir la revolución democrática que nos espera. Cuyo objetivo será la reconstrucción de la República, la reformulación de las instituciones, la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Bajo una urgente Reforma Constitucional - o incluso una constituyente democrática - que actualice nuestra Carta Magna para convertirla en el muro intransitable de los daños y perjuicios causados por el golpismo que la diseñara. Todas las tareas que la república liberal democrática descuidara o dejara inconclusas permitiendo el asalto al poder por parte de la camarilla militar, cleptocrática y corrupta comandada por Hugo Chávez.
El gobierno de unidad, emergencia y reconstrucción nacional deberá estar en manos de ciudadanos honestos y virtuosos, cuyo sólo ejemplo sirva a enderezar el torcido rumbo de la patria. La primera de sus funciones: adecentar la república, establecer el imperio del respeto a la ley, castigar severamente los estupros de este régimen - sin consieración a togas ni uniformes - y poner en cintura al hampa desbordada por el ejemplo de la anomia propiciada desde el alto gobierno. Su inmenso desafío será reconstruir la Nación y situar a nuestro pródigo y privilegiado país a la cabeza de la región en su esfuerzo por dignificarse, modernizarse e integrarse a las grandes corrientes de la prosperidad y el progreso que la economía globalizada impone y permiten.
Es una tarea inmensa y difícil, mas no imposible. Es la tarea que la historia nos reclama. A ella debemos dedicar nuestras vidas.
jueves, 3 de diciembre de 2009
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